miércoles, 26 de agosto de 2009

Empezo la Madre de Todas las Batallas

Mañana si todo sale como esta mandado se anuncia el envió de la Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso para su tratamiento.

Esto sucede luego de más de dos años de debate en ámbitos académicos, profesionales, sociales, económicos y políticos que permitió la elaboración de un pre proyecto que fue debatido durante el último año en foros abiertos y públicos a lo largo y lo ancho de todo el país.

Muchos preguntaran pro que no se enteraron de esto ¿adivinen? Si no me creen miren acá, acá y acá por ejemplo.

Lo que sigue es un poco largo y es algo que escribí hace unos meses al respecto e intenta dar un panorama sobre el tema.

La Batalla de los Sentidos

La necesidad de una nueva ley que regule los servicios de comunicación es una asignatura pendiente para que la construcción del sentido común sea plural y diversa como una democracia en serio se lo merece.

Desde hace varios años se desarrolla en la Argentina una fuerte discusión en torno a la necesidad de una nueva Ley de Radiodifusión. La discusión discurre en ámbitos académicos, gremiales o políticos pero (ay!) tiene poco espacio en los medios, lo que dificulta su instalación efectiva en la agenda pública.

Es que justamente la urgencia de una nueva ley tiene su origen en la cada vez mayor capacidad de los medios de comunicación de instalar los temas en la agenda pública según sus intereses. A decir del recordado Nicolás Casulllo, los medios de comunicación accionan cada vez más como partidos políticos.

La ley en vigencia (Ley Nº 22.285) corresponde a la sancionada en el año 1980 en las postrimerías de la dictadura militar. Su diseño y redacción fue impulsada y apoyada por los principales empresarios del sector.

Su vigencia hasta nuestros días señala: primero la falta de voluntad política de los gobiernos de turno de ampliar las voces del espectro comunicacional y segundo, y no por ello menos importantes, el grado de connivencia con que la relación Estado- Medios de Comunicación se desarrolló, más allá de ideologías e intereses económicos.

Sin ir más lejos, el Gobierno de Néstor Kirchner, seguramente el que peor relación estableció con los medios, es el que extendió las licencias de explotación de las señales y autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal (ambos pertenecientes al Grupo Clarín) creando en parte del conurbano y de la Capital Federal un monopolio en la distribución de señales de tv por cable.

Si el intento de este artículo fuera especular sobre los intereses que impulsan a los dirigentes a facilitar el accionar de los medios, podríamos aventurar que los mismos intentan a través de todo tipo de acuerdos obtener el aceptación de éstos, los que como en la fabula de la rana y el alacrán no pueden contra su instinto y cuando los intereses apremian no dudan un segundo en accionar según los intereses de los sectores dominantes que ellos integran.

La ley, es cierto, tuvo a lo largo de estos 25 años de democracia varias modificaciones. La primera durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, quien en su plataforma electoral impulsaba la reforma integral de la Ley de Radiodifusión, cuestión que cumplió a medias al suspender la aplicación del decreto 462/81, que establecía la privatización paulatina de los medios. Sin embargo, y más allá de algunos intentos, finalizaría su mandato sin realizar mayores modificaciones al marcó legal que regula la actividad de los medios.

Fue Carlos Menem, durante su primer mandato, quien mayores cambios introduciría, al sancionar en el año 89 de la denominada Ley de Reforma del Estado. Esta dejaba “sujeta a privatización” a los medios de comunicación y habilitaba el espacio legal para realizar las enmiendas necesarias a la Ley 22.285. Estas modificaciones se hicieron en su gran mayoría por vía de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) y sin que existieran instancias de debates.

Fueron estas últimas modificaciones las que posibilitaron la propiedad cruzada de los medios, lo que en castellano significó que las empresas propietarias de medios gráficos (Clarín) pudieran adquirir un canal de TV (Canal 13) y/o una radio (Mitre) habilitándose legalmente la formación de multimedios, ya que simultáneamente fue eliminado el limite de licencias permitidas para una misma zona. Una de sus herencias más pesadas, menos democráticas, fue el hecho de revestir de legalidad la formación de monopolios comunicacionales habilitando la posibilidad que una empresa de servicios sea propietaria de un canal de TV (Telefe) o viceversa (Grupo Clarín – Multicanal Cablevision). Estas modificaciones permitieron, también, el ingreso de capitales extranjeros generando la extranjerización de un parte del sector.

Uno de los principales saldos de esta política fue la conformación de un escenario en donde una actividad que debería ser de bien público se constituyó en uno de los mayores negocios económicos privados existentes.

Los propietarios de los medios de infocomunicación (termino que refiere no sólo a medios de comunicación tradicionales; gráficos, radiales y televisivos, sino que suma los servicios de cable, telefónicos, Internet, empresas de publicidad y contenidos para celulares, cuestiones más acordes con los tiempos que corren) no sólo logran de esta manera configurarse como importantes actores dentro del campo económico, sino que además suman el plus de ser un ariete de transmisión dentro del entramado sociopolítico.

No fue casual que una de las primeras medidas del gobierno de Menem, una vez aprobada la Ley de Reforma del Estado, haya sido la privatización de los canales 11 y 13 y de una serie de radios AM y sus correspondientes FM. Este hecho que pasó desapercibido, contribuyó, desde el campo mediático, a la instalación de un discurso hegemónico en torno de la necesidad de un Estado mínimo (supuestamente eficiente y racional) que otorgara ventajas a las empresas privadas de servicios como premisas inevitables para salir de la crisis.

En resumen, sembró el campo para una inevitable salida por derecha, que posibilitó la aplicación del modelo neoliberal en la Argentina durante la década siguiente.

De esta manera, bajo un manto de desideologización se emitía constantemente un discurso cargado de ideología, en tanto universalizaba los intereses particulares de ciertos sectores y elaboraba un relato que eternizaba los fenómenos sociales robándoles su carácter histórico, haciendo referencia a un problema especifico como de “todos los argentinos” y cumpliendo el sueño (este sí de todos los argentinos) de pertenecer al primer mundo, cosa, a la que como se sabe, estamos condenados.

Hoy en día, casi veinte años después, los medios continúan siendo, con mucha mayor fuerza, los principales constructores de sentido común. Ya no lo son la familia, ni la escuela como en otros tiempos. En la actualidad cualquier enunciado puede ser rebatido de manera concluyente con la frase: “en la televisión dijeron…” lo que supone un correlato implícito y contundente de autoridad y prestigio.

Esta construcción cotidiana del mundo, montada sobre la elección más o menos interesada de porciones de imágenes, frases y hechos hacen a la herramienta de construcción de sentido más contundente de nuestra época.

Un ejemplo. El solo hecho que los medios pongan en la tapa de los diarios, en los titulares de los noticieros y en los móviles de las radios una serie finita de delitos es traducido inmediatamente por el discurso mediático como “ola de inseguridad”. Si esos delitos, para peor, son de naturaleza similar y perpetrados por menores, los “jóvenes delincuentes” devienen en la temática excluyente a ser abordada por especialistas cuyo único pergamino radica en contar con un micrófono delante. Así, el qué hacer con ellos se impone como el punto principal de la agenda política, agenda que los dirigentes políticos, sean estos oposición o oficialismo, se limitan a correr detrás según lo que escasamente reflejan los medios día tras día.

De esta manera, en un sistema de democracia débil, como el que se ha construido, el rol que los medios ocupan es el de control ciudadano. Son los medios los que vendrán a esclarecer a la sociedad sobre lo que “realmente” ocurre.

En un escenario de esta naturaleza, y luego del poder de fuego que los medios expusieron durante el conflicto con las patronales del campo y el posterior voto no positivo del vicepresidente, parece ser que el Gobierno decidió dormir el proyecto elaborado por la Ley de Servicios de Comunicación, luego de diversas reuniones con los sectores involucrados.

Probablemente, esta decisión se deba a que se tomó clara conciencia que la construcción de una oposición en la sociedad depende hoy más de los medios que de los dirigentes políticos, los que casi sin poder de fuego, sin reacción para la acción política y corriendo siempre detrás de los anuncios del gobierno (jugando a la defensiva, sin capacidad de contraataque, se dice en fútbol) no logran hacer pie firme en las expectativas de la gente, trasformándose los medios, como decíamos antes, en el principal partido de la oposición.

Presentadas así las cosas, y siendo el 2009 un año electoral intentar llevar adelante una reforma que implique la limitación a las acciones monopólicas, la ampliación de las frecuencia para colocarlas en manos de ONG, organizaciones sociales, gremiales, el Estado y en el medio de la discusión por la norma de televisión digital (un negocio de intereses cruzados, millones de dólares y de implicancias inéditas) parece imposible el tratamiento del proyecto redactado en el congreso.

Pero quienes pensamos que la aprobación de una nueva ley que regule los servicios de comunicación en pos del bien publico y sin perjuicio de los lógicas ambiciones económicas que la industria cultural debe contener como cualquier industria, en tanto fuente de recursos sustentable y legítimos, no debemos bajar los brazos y debemos militar la ley, para que todos podamos tener voz en los medios y la construcción de los sentido común sea plural y diversa como una democracia en serio se lo merece.


PD: El artículo fue originalmente publicado en el portal Noticias del Sur.